80 manifestantes han respondido en la mañana de este jueves 18 de diciembre a la nueva convocatoria de Stop Desahucios 15M Granada frente a una sucursal del Banco Santander, entidad presidida por Ana Botín cuyos beneficios en 2013 superaron los 4.700 millones de euros.
La acción tenía como objetivo desbloquear tres casos de hogares organizados en Stop Desahucios. Por un lado, se buscaba llamar la atención sobre el caso de Pepa, vecina afectada por problemas hipotecarios a la que la directora del Santander en el barrio de la Chana no acepta ni siquiera que entregue la documentación para poder empezar a tratar su situación.
En segundo lugar, Stop Desahucios apoyaba también a Alberto. Este vecino perdió hace tiempo su vivienda a manos del banco, quedándole además una deuda de 190.000 euros. El Santander vendió la casa posteriormente a dos fondos buitres: Aktua, primero, y Altamira, después. A pesar de ello, Alberto sigue con su nómina embargada y las transacciones no han implicado reducción alguna de su deuda. Por último, Stop Desahucios reclama el alquiler social para una familia con la cual el Santander ha acordado la dación en pago. Sin embargo, para el alquiler social el banco reclama el pago del 3% de la deuda de la familia, cerca de 400 euros mensuales, lo cual desde el movimiento por la vivienda se considera inadmisible pues la deuda queda cancelada con la dación y el alquiler social debe ascender únicamente al 20% de los ingresos del hogar.
Tras más de una hora de presión a las puertas de la sucursal, el Banco Santander se ha comprometido a avanzar en todos los casos, lo que desde Stop Desahucios se espera que se haga realidad rápidamente. Respecto a los problemas en la Chana, el banco ha reconocido que el comportamiento de la directora es inadmisible y se pondrá en contacto con ella. En relación con el caso de Alberto, los responsables del Santander aceptan que como mínimo el afectado debería haber visto reducida su deuda en la misma cantidad que el precio de venta de la vivienda a los fondos buitre. Sobre el alquiler social reclamado, la entidad ha abierto la vía para estudiar un importe inferior al que hasta ahora ha venido solicitando.
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