Cerca de cien personas se han concentrado en la mañana de este jueves 11 de diciembre frente a una sucursal del Banco Popular para hacer que éste dé su brazo a torcer y acepte soluciones para cuatro familias con graves problemas hipotecarios.
Este nutrido grupo de personas, compuesto por trabajadores y trabajadoras asalariados y autónomos, amas de casa, desempleados, autónomos y jubilados, han demandado al banco diferentes medidas, desde reestructuraciones que no impliquen la aceptación de las cláusulas abusivas del Popular hasta daciones en pago acompañadas por alquileres sociales en base al 20% de los ingresos de esos hogares.
Uno de los casos es el de Mario García y Catalina Villalobos, residentes en Motril. Ellos reclaman la dación en pago de su vivienda y un alquiler social acorde con sus ingresos, pero hasta ahora el banco no ha respondido de forma afirmativa.
La acción de Stop Desahucios no ha desbloqueado totalmente la situación de estos casos, pero la sucursal se ha comprometido a elevar los casos a una instancia superior y responder en el plazo de una semana. Desde el movimiento por la vivienda granadino se espera que la actitud del Banco Popular cambie en sentido positivo, para no alargar de forma innecesaria el conflicto y el sufrimiento de las personas afectadas.
Y SI NO HAY SOLUCIÓN, HABRÁ MÁS PRESIÓN