domingo, 16 diciembre 2018 / Publicado en Acciones, Noticias

Provivienda y el Ayuntamiento desahucian

Si la vivienda es un derecho, ¿por qué el Ayuntamiento de Granada no vela porque se cumpla?

Este jueves 13 de diciembre, la convocatoria semanal de Stop Desahucios Granada 15M no acudió a ninguna oficina bancaria a defender los intereses de alguna familia en apuros. En una mañana más que desapacible, los activistas del colectivo se desplazaron hasta la Plaza del Carmen, frente al ayuntamiento de la ciudad, donde se dio paso a dar a conocer a el caso de Mercedes.

Se explicó tanto a prensa como los ciudadanos que por allí pasaban, la situación de indefensión de esta mujer, quien ha sido expulsada de la casa donde vivía junto con su hijo pequeño por Provivienda, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para el Ayuntamiento. Este, se dedica, como en otros tantos casos, a externalizar numerosos servicios de carácter público al llamado «tercer sector» (también llamado sector de la economía social). Ellos mismos se definen de la siguiente manera:

«Durante estos años, nuestra razón de ser ha sido promover el derecho a una vivienda digna y adecuada, habiendo ayudado a más de 120.000 personas a conseguirlo. En especial, queremos contribuir a conseguir la inclusión residencial de las personas más vulnerables socialmente».

Tras un conflicto con la otra mujer que vivía en la casa, Mercedes ha sido expulsada según el código de sanciones disciplinarias (llamemos a las cosas por su nombre) que maneja Provivienda. Su argumento básico es que ella y su hijo pueden vivir con la renta mínima de inserción social que percibe, que dura un año y tiene una cuantía de 527 euros.

Eso supone varias cosas que queremos dejar claras, para empezar, se deja a dos personas en situación de vulnerabilidad en la calle, pero también evidencia el grado de arbitrariedad por el cual se rige una entidad (no olvidemos que el que careza de ánimo de lucro no implica que no se dedique a una actividad económica donde hay que alcanzar unos determinados resultados, es decir: una empresa) que gestiona parte de las tareas encomendadas a los servicios sociales del ayuntamiento, su opacidad (ya que el reglamento es suyo, no de la corporación granadina, y ellos lo aplican según un propio criterio del que parece que no tienen que dar cuentas a nadie) y un completo desconocimiento de la realidad de nuestra ciudad: ¿cómo alquilar (incluyendo la fianza), pagar suministros, comida y ropa con esa cantidad?, ¿acaso no conocen el espectacular y dañino repunte que el precio de los alquileres ha tenido en los últimos meses?

En la actualidad, Mercedes y su hijo se encuentran en una pensión desde el 14 de noviembre, obteniendo un silencio por respuesta por parte de la concejalía, razón por la cual Stop Desahucios Granada 15M ha decidido movilizarse y apoyar este caso, puesto que al fin y al cabo se trata del derecho esencial a la vivienda y un claro ejemplo en el cual alguien (con un hijo menor a su cargo) es desahuciado.

Queremos denunciar claramente la actitud del ayuntamiento, que mientras afirma que no va a dejar a nadie atendido por los servicios sociales sin un techo, ahora no solo no dan respuesta, sino que no reciben a Mercedes y las compañeras que la acompañan.

Por otro lado, exigimos transparencia, tener acceso desde la ciudadanía a las cantidades que son facilitadas a estas empresas «sociales» y poder conocer los mecanismos de supervisión y auditoría (o su ausencia, como parece que es el caso) mediante los que el ayuntamiento de la ciudad de Granada controla los servicios que externaliza.

No puede ser que en una situación semejante nos encontremos la misma odiosa estrategia de la banca privada, donde las distintas partes implicadas (en estrecha relación entre sí, en tanto que hay una institución que paga y una empresa que provee un servicio) se pasan la pelota entre sí y evaden la responsabilidad de que exista un interlocutor definido.