Esta mañana, 17 de mayo, los activistas de Stop Desahucios Granada 15M nos hemos desplazado hasta la localidad de Maracena. El objetivo era seguir llamando la atención y visibilizando la disputa que Caja Rural, cada vez con menos argumentos, mantiene con la ciudadanía granadina (y de la cual venimos informando asiduamente en esta misma web).
Esta entidad bancaria se niega a mantener ninguna mesa de negociación en los conflictos hipotecarios que mantiene con quienes han sido sus clientes. Hace gala de una arrogancia y un desprecio, único entre el resto de entidades, hacia los sectores de la población de esta ciudad (su ciudad, al fin y al cabo, Granada) más golpeados por la crisis económica. Sólo ellos en toda la provincia han desarrollado y mantenido esta estrategia.
Y esta misma estrategia está entre las razones por las cuales necesitan invertir cada vez más recursos en un marketing agresivo que les permita llevar a cabo frecuentes lavados de cara y venderse como una caja cercana y comprometida con un territorio a cuyas clases populares menosprecia. Cada vez tiene menos capacidad de convencer por actuaciones como la que está desarrollando con esta familia.
También en Maracena, cada vez con menos argumentos
Hoy nos hemos situado a medio camino entre el ayuntamiento de Marecena y la entidad, para gritar, corear consignas, repartir información a las vecinas y sacar a la calle una vez más la cruda realidad de las familias afectadas por las hipotecas gestionada por Caja Rural. Nuestra intención ha sido doble:
Por un lado, acompañar a Fernando y María José (cuyo desahucio ya ha sido evitado en tres ocasiones gracias a la solidaridad y las recursos jurídicos de Stop Desahucios Granada 15M) a presentar un escrito más en busca de una solución dialogada para su caso, informando a todo el que se ha acercado de la cruda respuesta que obtenemos en este y otros casos semejantes por parte de Caja Rural.
Por el otro, denunciar la inacción de las instituciones públicas que dicen representar al conjunto de la ciudadanía, ya que consideramos es hora de que Ayuntamientos, Diputación y Junta de Andalucía se posicionen claramente frente a las prácticas de esta entidad y le exijan que cumpla con su responsabilidad social. Llegados al punto en el que nos encontramos, tenemos muy claro que solo hay dos posiciones posibles: o se es parte de la solución o se es parte del problema. En otras palabras, o se mira a otro lado y se le ríen las gracias a la Rural y sus desmanes, o se atienden las necesidades de la población. No pedimos la Luna, solo un aspecto crucial para que pueda darse algo que se le parezca a la justicia social: el establecimiento de condiciones objetivas que faciliten un diálogo entre la banca y las familias afectadas.
Porque la lucha es el único camino, seguiremos desarrollando acciones hasta conseguir una solución para Fernando y María José.
