Al final, se impuso la violencia del sistema

 

Lamentablemente, pese al apoyo social y vecinal que ha recibido la familia de José y Eva, esta vez no se ha conseguido paralizar el desalojo programado para la mañana del miércoles pasado a las once en la localidad de Deifontes.

Tras los tres anteriores intentos, fallidos, de arrebatar la vivienda a la familia, este miércoles 7 de Febrero se desplegaba un operativo de unos sesenta guardias civiles (su cuerpo especial), acompañados de sus respectivos coches y furgonetas, con el objetivo llevar a cabo la cuarta tentativa de desahucio.

A pesar de la resistencia que ofrecieron las aproximadamente más de cien personas allí congregadas, entre los que se encontraban activistas de Stop Desahucios Granada 15M, diferentes colectivos sociales de Granada y decenas de vecinos que mostraron todo su apoyo y solidaridad, esta vez no fue posible conseguir un aplazamiento ni detener el lanzamiento. En esta ocasión de poco sirvieron el comunicado del presidente de la Diputación o el apoyo del alcalde de Deifontes: las reglas del mercado son implacables, y cuentan con la maquinaria engrasada de los tribunales y las fuerzas de orden  público para imponerlas.

El tribunal Supremo, el 23 de noviembre de 2017, dictaba una sentencia que anulaba el procedimiento de desahucio hasta que los derechos de la menor estuvieran protegidos. Aún así, sin respetarse esta sentencia, se echa de nuevo a una familia con menores a la calle, durante el mes de febrero y en medio del frío invierno que está teniendo lugar estas recientes semanas, con una niña de cinco años y sin que exista alternativa habitacional alguna.

Tras la llegada de la comitiva judicial y un ejercicio de violencia gratuita por parte de los agentes que rodeaban la vivienda, con empujones, golpes e intimidaciones verbales dirigidas contra quienes se oponían pacíficamente al desahucio, algunos efectivos consiguieron acceder al interior por la cochera situada en la parte lateral de la casa. Primero intentaron abrir la puerta principal con la ayuda de un cerrajero, a quien se le animó a negarse a realizar la tarea y apoyar la causa de la familia, si uniera al pueblo que es a donde pertenece. Y tras comprobar que la puerta estaba sólidamente apuntalada, sacaron el ariete de uno de los vehículos. La presencia de las cámaras pareció disuadir al responsable del operativo y se eligió la entrada lateral como estrategia menos costosa en términos simbólicos. La infamia se consumó, un puñado del cuerpo especial de Guardia Civiles, sacó a la familia a la calle. La casa dejó de ser para quien la había habitado hasta este mismo día y pasó a manos de especuladores.

Los agentes judiciales y los guardias civiles desplegados han actuado en defensa de los intereses del Banco portugués PRIMUS, ahora controlado por el grupo francés Crédit Foncier, generando una situación que supone una clara vulneración de los derechos humanos, así como del derecho fundamental a la vivienda recogido en la constitución española.

 

Pero pese al golpe recibido y a la gran injusticia que supone dejar de nuevo viviendas vacías y echar a gente a la calle, la lucha continúa. Gracias a todas las personas que desafiaron el frío y la violencia para dejar claro cuál es el sentido de la palabra dignidad.