El Real Decreto 1/2015 aprobado por el gobierno, en operación de oportunismo electoral, sigue concediendo nuevos beneplácitos a la banca y parches a los trabajadores que serán desposeídos de todo.
El Real Decreto 1/2015 agrupa un conjunto de tres medidas:
1. Modificación mínima del Código de Buenas Prácticas que sigue siendo un Código que excluye muchos de afectados y no actúa sobre el derecho a la vivienda que tenemos los trabajadores y las responsabilidad de los poderes públicos de velar por este derecho.
Algunas de las modificaciones son:
El cálculo de ingreso familiar sobre el IPREM pasa a ser sobre 14 pagas, de 19.170,39 a 22.365,42 como ingreso máximo.
Se incluyen en la categoría de familia con especial vulnerabilidad a personas mayores de 60 años.
Se eliminan la cláusula suelo, (no por iniciativa propia, sino tras la sentencia del Tribunal Europeo y las exigencias de hacer cumplir dicha sentencia). Al regularizarse la banca y el gobierno se han asegurado de que no se aplique la retroactividad en la devolución de lo cobrado de más (tan sólo retroactivo hasta 2013, en caso de reclamación).
Se modifica el precio de adquisición de los inmuebles. Podrán superar el 20% de lo estipulado, pasando como límite a 300.000 euros.
Se amplía la suspensión del lanzamiento, que vencía en mayo, hasta el 2017.
De nuevo recoge la quita de capital (reducción de capital a pagar) como medida a aplicar según potestad del banco.
- Ampliación a dos años de la moratoria de desahucios. Esta moratoria en la actualidad tan sólo ha parado un 8% de los desahucios. Un respiro, pero no la solución, y queremos soluciones.
3. Reforma de la Ley Concursal para permitir “liberarse” de la deuda para las personas físicas: un camino infranqueable. El procedimiento para intentar liberarse de la deuda es largo, complejo, revocable y con costes a asumir por los afectados. El gobierno del PP ha cedido una vez más ante la Patronal de la Banca para evitar un proceso ágil que permitiera entregar la casa en dación con total seguridad jurídica. En resumen has de entregarlo todo y si aún hay deuda se te hace un plan de pago, has de entregarlo todo y si aún te queda deuda acuden a por los avalistas. Si encuentras trabajo en cinco años (aunque sea precario y temporal) se revoca todo lo pactado. Esto provocará que las personas afectadas vivan con la angustia de no saber con certeza si la deuda ha sido perdonada o no. Muchos afectados se verán obligados a sobrevivir en la economía sumergida.
En resumen: En los casi tres años de aplicación del RD 6/2012, sólo se ha conseguido daciones en pago para un 0,7% de los afectados. Las viviendas apropiadas por el banco están siendo vendidas a fondos buitres que siguen especulando. Las viviendas sociales puesta a disposición de las familias en alquileres sociales no ha superado el 0,4%. Tras este balance que hace la PAH no podemos sino seguir preocupados por los parches que el gobierno nos impone.
La situación de sobreendeudamiento y emergencia habitacional que sufre el país necesita de políticas reales, que solucionen el problema de la vivienda: Dación en pago retroactiva, paralización de desahucios y alquileres sociales.
Ni casa sin gente, ni gente sin casa.
