Rosario Rodríguez es una estudiante de 30 años que vive con su pareja, Alberto Martín, parado de 34, y su niño de cuatro años en Belicena. Seguirán viviendo allí gracias al acuerdo conseguido con el Banco Popular, por el que se reestructura su hipoteca y durante cinco años asumirán el pago de una carencia.
La pareja se hipotecó en el año 2000. 13 años después, Martín fue despedido de la fábrica de harinas de Santa Fe en la que trabajaba. «En el verano de 2014, o pagábamos la hipoteca o comíamos», manifiesta. La pareja intentó negociar con el Popular, pero éste sólo aceptaba quitar las cláusulas abusivas durante dos años.
Posteriormente, se organizaron en Stop Desahucios. «En la asamblea de Armilla me pusieron las pilas», indica Martín. Aunque ha tardado casi un año en llegar, la firma del acuerdo es una solución. Martín señala: «Hay que ayudar a la familias que están en exactamente la misma situación que tú. Si te ves sin un duro y perdido, Stop Desahucios te ayuda».