El pasado 28 de octubre, el grupo Stop Desahucios 15M Granada se concentró frente al Ayuntamiento de Atarfe para exigir al mismo medidas urgentes relacionadas con el incumplimiento del derecho a la vivienda en dicha localidad, gobernada por Tomás Ruiz (PSOE), para quien la Fiscalía pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación por un escándalo urbanístico.
Al mismo tiempo que se realizaba la concentración, varios integrantes del grupo han tenido una entrevista con el alcalde. Durante ésta, se le ha entregado un documento en el que figuran las siguientes reivindicaciones:
«1. La difusión a la ciudadanía de la existencia del Registro de Demandantes de Viviendas, a fin de conocer la verdadera demanda y necesidad de vivienda de alquiler social en el Municipio.
2. La puesta en marcha de un protocolo de los Servicios Sociales comunitarios para regular la tramitación de certificados de excepcionalidad, a todas aquellas personas con riesgo de quedarse sin techo y en el umbral de exclusión social. Estos certificados son requisitos imprescindibles para demandar, en trámite de urgencia, una vivienda de alquiler social a la Administración Autonómica.
3. La implicación activa del ayuntamiento en la búsqueda de vivienda para aquellas personas, susceptibles de recibir el certificado de excepcionalidad, que demandan viviendas y que están en una situación de extrema vulnerabilidad.
4. Así mismo, animamos al ayuntamiento de Atarfe a que, al igual que otros municipios, abra un Servicio Público de Vivienda que empiece a dar a respuesta al enorme déficit de vivienda de alquiler social que hay en el municipio. Atarfe, a diferencia de otros pueblos y ciudades, no tiene VPO, ni viviendas de propiedad municipal, pero un Programa de Gestión de Vivienda vacía podría abrir las puertas y las esperanzas a muchos atarfeños que no pueden pagar el alquiler, pues podrían acogerse a las ayudas de la Junta que subvenciona el 75 % del alquiler a las familias que, pudiendo justificar que se hallan en el umbral de exclusión social, están alquiladas en viviendas de gestión pública».
Stop Desahucios, por otro lado, señala que hace responsable a Ayuntamientos y Junta de Andalucía del «ridículo el porcentaje de viviendas públicas de alquiler, tan sólo el 1,8% del total y, según la Consejería, éstas están ocupadas y su disponibilidad es escasa».
Así mismo, indica que «la última convocatoria de la Junta para subvencionar el alquiler a personas que se encuentran en el umbral de exclusión social ha provocado una enorme frustración, pues solo va dirigida a familias que son ocupantes, ya, de viviendas públicas».
Stop Desahucios afirma que no es necesario impulsar la construcción de vivienda, sino dar uso a las 50.300 viviendas vacías de la aglomeración urbana de Granada y las 2.500 de Atarfe.
Tras la entrevista, de cerca de dos horas de duración, se ha establecido una nueva cita a finales de noviembre para hacer seguimiento de las medidas exigidas.
Accion Ayuntamiento Atarfe
