Marisol fue detenida por la policía, durante el desarrollo de un desahucio, el día 8 de agosto de 2016 en la calle Modesto Cendoya, en la zona norte de Granada. La pareja que iba a ser desalojada de la vivienda de la Junta de Andalucía había acudido a la Asamblea con el mensaje de que “una pareja de policías se había presentado en su casa para comunicarles que el lunes los echaban de la vivienda, que sacaran todas sus cosas”. No eran conscientes, ni aportaron documentación, del expediente administrativo que AVRA -agencia pública que gestiona las viviendas de la Junta de Andalucía- les había abierto meses atrás.

El lunes, 8 de agosto, mientras los afectados, acompañados de activistas de stop desahucios, acudían a los juzgados de la caleta para recabar información sobre su situación, Marisol, junto con dos compañeros más,  acudió al domicilio para comprobar si se hacía efectivo el desalojo. Cuando llegaron a la vivienda, un fuerte operativo policial ya estaba en marcha, y se había cambiado la cerradura de la puerta y entregado las llaves al gerente de AVRA; es decir, el desahucio ya se había hecho efectivo. Marisol sacó su móvil del bolsillo y seis policías la rodearon, retirándole el móvil y deteniéndola.

Pasó nueve horas en comisaría y se le devolvió el móvil dos meses después en Subdelegación de Gobierno. Fue acusada, en un primer momento, de hacer fotos y vídeos a las fuerzas de orden público. Posteriormente, comprobado que en el dispositivo no existían imágenes sobre el desalojo, se cambió la acusación a “perturbación y osbtaculización de la labor policial”. Fue sancionada con una multa de 600 €. Con el apoyo de Stop Represión, pagó la sanción y presentó un recurso contra la misma.

Hoy, 12 de noviembre a las 9:30 h, ha tenido lugar el juicio en el juzgado de lo contencioso nº 3 de Caleta. Según su abogado, Antonio Folgoso, la sentencia puede tardar entre uno y dos meses. A la salida del juzgado, Marisol comunicaba a los compañeros y compañeras que habían acudido a apoyarla que “no entendía que el juez le hubiera preguntado que si había hecho fotos el día del desahucio…¡pero si tuvieron mi móvil dos meses y pudieron comprobar que no!…”.  Es imposible que tres activistas puedan interrumpir la labor de un dispositivo policial. Lo que pasó a Marisol, puede pasar a cualquiera que esté en la calle. Son las consecuencias de la ley mordaza que, según el partido político que gobierna, iba a desaparecer. ¿Para cuándo?.