Con el comienzo de la crisis sanitaria, el Gobierno aprobó una serie de medidas en materia de vivienda. Se incluía un mecanismo para restringir los lanzamientos. Tras varios retoques y prórrogas, el decreto antidesahucios caducaba este 9 de agosto.
Con esta herramienta los niveles de protección anti-desahucios de familias vulnerables sin duda han aumentado. En muchos casos esto ha sido posible por la intervención de los grupos antidesahucios, pahs y sindicatos de inquilinos. Nosotros hemos velado porque las familias conocieran los derechos y posibilidades que tenían.
A día de hoy, en los juzgados acumulan miles de procedimientos ya concluidos, pendientes de que se levante esa protección para ejecutar sus desahucios. Cuando la moratoria decaiga, esto provocará un tsunami de desahucios.
Así, la actual prorroga que se plantea hasta el 31 de octubre sólo servirá para dar un respiro y posponer la solución del problema.
Los desahucios no han parado
Y sin embargo y a pesar de esto los desahucios se han seguido produciendo. Según datos del Consejo General del Poder Judicial entre enero y marzo de 2021 se han producido casi 11000 lanzamientos. La inmensa mayoría corresponden a proceso vinculados al pago de alquileres. Caixabank, la Sareb y los fondos buitres, entre otros, han seguido desahuciando en todos estos meses.
En últimas semanas hemos visto decenas de imágenes de desahucios ejecutados sobre inquilinos que no podían pagar las rentas del alquiler.En Madrid, en Barcelona. También en Andalucía: El día 13 de julio se produjo el desahucio de una mujer con lupus en Linares. Una semana después, el 20 de julio, otro de una mujer con 3 hijos dependientes en Linares. El 21 de julio se produjo otro desahucio en Dilar de una familia con informes de los servicios sociales que acreditaban problemas de salud. La imagen, en Madrid, de una niña cruzando el umbral de la puerta que los antidisturbios habían reventado minutos antes ha sido vista por millones de personas.
El «escudo social» es insuficiente
Todo esto evidencia dos cosas: por un lado la legislación es insuficiente, está fallando y tiene que ser corregida. Por otro lado los jueces se la están saltando, haciendo caso omiso de las obligaciones que tendrían de considerarla.
Los grupos antidesahucios llevamos denunciando esta situación desde el principio. El carácter restrictivo de las exigencias para poder acogerse a la moratoria y el hecho de que la última palabra la tuvieran los jueces han sido una continua dificultad.
Y no podemos conformarnos con las sucesivas ampliaciones.
La responsabilidad del gobierno
Al gobierno hay que exigirle que apruebe una ampliación con carácter indefinido. Mientras no entre en vigor una ley estatal que garantice el derecho a la vivienda no puede haber más desahucios de familias vulnerables.
La legislación tiene que ser ampliada más allá de los supuestos restrictivos que ahora la sostienen. El gobierno tiene que garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos en relación a a la Vivienda.
Para ello el gobierno tiene que prohibir todo desahucio de personas vulnerables que carezcan de alternativa habitacional adecuada y digna. Esto se puede lograr obligando a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales. No faltan viviendas. Falta la determinación política de romper con la concepción de la vivienda como un mero bien de consumo, como una mercancía más. Miles de familias obreras están aprendiendo que el capitalismo es incapaz de garantizar su acceso a necesidades tan básicas como la vivienda.
El que la vivienda se considere exclusivamente como un mero bien de mercado hace que miles de familias no tengan acceso a ella. La precariedad y la temporalidad, los sueldos de miseria y la negativa de los caseros a alquilar a trabajadores con sueldos bajos y trabajos temporales hacen el resto.
La combinación de estos factores hace que cada año, decenas de miles de familias obreras son echadas a la calle. O se quedan sin acceso a los suministros básicos. Mientras no exista una ley estatal que garantice y universalice estos derechos, el artículo 47 de la Constitución es papel mojado.
La responsabilidad de los jueces
A los jueces, de los que depende la suspensión del proceso, hay que exigirles que cumplan con el carácter protector de la ley. No se puede tolerar que en cada juzgado se proceda de una manera diferente. Hay que exigir que unifiquen sus prácticas respecto. En caso de duda, tendrían que abstenerse de desahuciar y solicitar a las familias afectadas o a los servicios sociales, la documentación que pueda faltar.
Es un problema del conjunto de la sociedad
Por todas estas razones, hacemos un llamamiento a participar en la movilización que Stop Desahucios Granada 15M convoca este jueves. Hay que volver a hacer visible, de la manera lo más masiva posible, la denuncia de la actual situación.
Es un problema que tiene un carácter social. Sólo podrá obtenerse una solución favorable para el pueblo si lo intentamos resolver de manera colectiva. De lo contrario veremos una nueva salida que permitirá seguir especulando con una necesidad básica. El gran capital, vinculado a la banca y a los fondos buitre, quiere seguir lucrándose a nuestra costa.
Por una moratoria real de los desahucios a familias vulnerables.
Stop Tsunami de Desahucios
