Ni gente sin casa, ni casas sin gente
El grupo Stop Desahucios Granada 15M junto con otros colectivos sociales de Granada va a desarrollar una manifestación el próximo 9 de octubre a las 19h. Saliendo desde la Plaza del Carmen y terminando junto a la subdelegación de gobierno, para exigir la aprobación de una Ley Estatal de Vivienda que defienda, garantice y blinde el Derecho a la Vivienda de la clase trabajadora.
Aunque se haya alcanzado un acuerdo entre los dos partidos políticos de la coalición de gobierno para la aprobación de una ley estatal de vivienda, queda aún un largo trayecto hasta que esta ley se materialice.
Mientras la ley se tramita, en un proceso que se anuncia que será largo y complicado, lleno de obstáculos y zancadillas; a las familias hay que darle una solución que tiene que ir más allá del 31 de octubre: momento en el que finaliza la actual moratoria antidesahucios. Moratoria que si bien ha sido capaz de frenar un importante número de desahucios, no ha hecho más que postergar el fatídico momento para más adelante y dejar sin cobertura a otras familias que se han visto en la calle.
Por eso ahora más que nunca, nosotros no vamos a cesar en las reivindicaciones que consideramos que deben incluirse en la ley de vivienda:
- La Ley debe garantizar y blindar el derecho a una vivienda digna y adecuada por encima de cualquier otra cuestión. Haciendo efectivo el Derecho Constitucional, art. 47.
- Las administraciones públicas están obligadas a hacer efectivo este derecho a la vivienda –Recogido en tratados internacionales y en nuestra propia Constitución Española-. Por lo que deben de implementar todas las medidas a su alcance para garantizar y proteger como un auténtico derecho fundamental: el Derecho a la Viviena. No más desahucios. Ni gente sin casa, ni casas sin gente.
- Paralización de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.
- Asegurar y ampliar el parque público de vivienda con todas las viviendas de la SAREB y ofrecerlas en alquiler social y adecuados a los ingresos de las familias trabajadoras.
- Limitación de los precios de los alquileres de grandes tenedores. Adaptándolo a los ingresos familiares. Y la obligación de la prórroga de los contratos de los mismos en estas mismas condiciones señaladas anteriormente.
- Admisión de segundas reestructuraciones de deuda para los hipotecados vulnerables, conforme al Código de Buenas Prácticas. Y obligar a los bancos a informar a las familias hipotecadas, que no pueden hacer frente a los pagos, de las medidas del propio Código de Buenas Prácticas, sancionándolos cuando esto no se cumpla.
- Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a telecomunicaciones.
Por todo ello, la lucha porque el derecho a la vivienda sea una realidad, continúa