Santander y Popular: entidades que desahucian

El pasado jueves 26 de abril el Grupo Stop Desahucios  Granada 15M se concentró en las puertas del Banco Popular y del Banco Santander.

Desde el grupo se ha iniciado una campaña de denuncia contra las prácticas de estas entidades que, lejos de solucionar los problemas de vivienda que padecen las familias trabajadoras, rehuyen su responsabiliad, pasándole el problema cada uno al otro banco.

Yo no puedo hacer nada,  -dice el Banco Popular

Yo no puedo hacer nada, – dice dice el Banco Santander

Y nosotros sabemos, puesto que nuestra práctica así lo avala, que si el banco quiere, el banco mueve fichas para solucionar el problema.

Los casos más dramáticos que tenemos, y por los que nos concentramos en las puertas del Banco Popular y del Banco Santander, son dos familias con hijos menores a su cargo que se encuentran próximos a sufrir un desahucio, sin alternativa habitacional, padeciendo el riesgo de verse literalmente en la calle.

Una de las familias, al encontrarse en la calle y sin ninguna alternativa habitacional y con dos niños menores, hizo uso de una vivienda vacía, propiedad del Banco Popular. Y esta es la realidad de muchas de las familias que padecen en sus propias carnes situaciones como el despido, el desahucio y las dramáticas consecuencias del rescate de la banca a costa de los trabajadores. Y luego, encima, muchas de las viviendas de los bancos (rescatados con nuestro dinero) se encuentran vacías y vendidas por nada y menos a fondos buitres para seguir especulando.

¿Para cuándo la vivienda dejará de ser una mercancía de la que extraer cada vez más beneficio y pasará a formar parte de nuestro derecho?

Otra de las famlias que también está en proceso de desahucio fue timada por un constructor que, tras la adjudicación de las viviendas por parte del Banco Popular en 2014, formalizó un contrato de alquiler fraudulento en 2016 a una familia con una menor y que ahora está esperando otra niña. Este hecho del cual la familia no conocía nada, encubre los abusos de los constructores y de las mafias que se aprovechan de las familias trabajadoras con necesidad habitacional. Esta práctica fue una sorpresa con la que se encuentró la familia, quien al prorrogarse el contrato en diciembre de 2017, y a través de una comunicación que recibe en su correo, en enero de 2018 se le notificó una orden de desahucio inminente. Esta orden de desahucio la conseguimos parar a través de concentraciones en la puerta de ambas entidades, encierro en las sucursales y más acciones y negociaciones. Sin embargo, y recientemente, está previsto de forma inminente una nueva orden de desahucio, puesto que hasta el día de hoy ni el Banco Popular, ni el Banco Santander quieren negociar con la familia un alquiler asequible a sus posibilidades de pago.

La lucha seguirá y volveremos a concentrarnos hasta que estas dos familias trabajadoras con menores a su cargo consigan una solución a su derecho de vivienda.

La vivienda no es un lujo, es una necesidad