El Banco Santander quiere desahuciar a una familia con menores el próximo Martes 10 de Diciembre a las 10:45h de la casa situada donde residen en la C/. Diego de Arana Nº 32 (Distrito Norte)
Isabel y Manuel junto a sus hijos, al encontrarse sin vivienda, ni posibilidad de pagar un alquiler, ocuparon una vivienda vacía, del Banco Santander. Hecho por el que fueron multados y sancionados. El Banco Santander se niega a sentarse con la familia y buscar una solución viable. Ante la emergencia habitacional de esta familia (y otras muchas), los responsables de nuestras administraciones, concretamente el Ayuntamiento de Granada, que están ahí para velar por nuestros derechos, uno de ello: el derecho a la vivienda, eluden su responsabilidad juzgando el hecho como delito sin más y no como emergencia que hace necesario y urgente la implantación de medidas sociales habitacionales que impidan echar a familias a la calle, sin alternativa habitacional adecuada.
Y más aún cuando son los tratados internacionales -a parte de la Constitución Española y el Tribunal Europeo- los que aluden a esta
necesidad y exigencia:
El Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya le advirtió a España de que no se puede establecer el desalojo inmediato de una persona por carecer de la titularidad legal de una propiedad sin valorar las circunstancias y las consecuencias para las personas cuando no se plantea una alternativa habitacional.
Y la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo 11, reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”.