Los desahucios siguen produciéndose y por eso hay que seguir desarrollando nuevas acciones para impedir un desahucio. No son casos aislados, sino una consecuencia de una política. Una política que favorece a los grandes propietarios y especuladores, mientras abandona a quienes más lo necesitan. Política desarrollada por gobiernos de diferentes signos que ocupan distintas administraciones. Administraciones, como la Diputación, que mientras miran hacia otro lado dejan que las familias vulnerables sin alternativa habitacional se puedan ver en la calle.
Pero las administraciones públicas tienen la responsabilidad legal y moral de garantizar el derecho a la vivienda. Especialmente a aquellas familias que no pueden acceder a una vivienda a través del mercado. Sin embargo, lo que vemos es un abandono absoluto: permiten que los grandes tenedores de vivienda especulen y acumulen miles de pisos vacíos, dejando a las familias en la calle al tiempo que dicen que no corresponde a los pequeños propietarios soportar sobre sus hombros las consecuencias del llamado y cada vez más magro «escudo social».
❌ ¿De verdad no hay recursos para evitar este desahucio?
Más de 3 millones de viviendas vacías en el Estado español, muchas de ellas en manos de bancos, fondos buitre y grandes propietarios.
Los bancos han obtenido más de 30.000 millones de euros en beneficios solo en 2024, batiendo récords históricos mientras siguen desahuciando a familias.
Miles de millones en dinero público entregados a las entidades bancarias durante la crisis, que nunca se han devuelto y que, en lugar de usarse para garantizar vivienda, han servido para engordar sus cuentas de resultados.
Mientras los beneficios de los bancos crecen gracias a las hipotecas abusivas y a los intereses desbocados, mientras los propietarios se llenan los bolsillos especulando con las viviendas, las administraciones permiten que las familias trabajadoras sean expulsadas de sus casas sin ninguna alternativa real. Nos dicen que la vivienda es un problema de mercado, que no pueden intervenir, pero sí intervienen cuando se trata de rescatar bancos o proteger la propiedad privada. Frente a esto para impedir un desahucio tenemos que seguir aumentando la organización popular y la acción colectiva.
NO, NO Y NO. ¡BASTA DE MENTIRAS!
La vivienda no es un lujo ni un negocio, es un derecho. Y si las administraciones no cumplen con su obligación de garantizarlo, nosotras lo exigiremos en la calle. Si esta familia es desahuciada, quedará claro que la Diputación, entidad a la que nos vamos a dirigir, está del lado de los banqueros y en contra de la gente.
Este jueves 13 de febrero, nos vemos en la Fuente de las Batallas a las 10,30h para impedir un desahucio
Porque hoy es esta familia, pero mañana puede ser cualquiera.
¡VIVIENDA DIGNA PARA TODAS!
¡NINGÚN DESAHUCIO SIN RESPUESTA!
¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!
