Stop Desahucios Granada 15M, junto a varias decenas de colectivos, organiza una movilización para el próximo 14 de enero, por una Ley Estatal de Vivienda que garantice y blinde el derecho a la vivienda.
Es el momento de exigir una ley que dé soluciones que no sean provisionales:
- Por el fin de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.
- Por el control efectivo y real de los precios de los alquileres para poner coto a los especuladores.
- Por un parque de vivienda público, con las viviendas de la Sareb, con alquileres sociales.
Estas medidas tienen que estar sí o sí en una ley de vivienda efectiva.
Hacemos un llamamiento a la población a participar, pues cada vez somos más quienes tenemos difícil el acceso a la vivienda.
No te lo pienses. Asiste con tu familia, tus amistades porque el derecho a la vivienda tiene que dejar de ser papel mojado.
Día: Sábado 14 de enero
Salida: Fuente de las Batallas
Hora: 17:30
Por una ley de vivienda estatal que garantice y blinde el derecho a la vivienda
Para conocer más los motivos de esta movilización: por una ley de vivienda que garantice el derecho a la vivienda, os dejamos el manifiesto que hemos elaborado. Sigue leyendo.
Manifiesto por una ley de vivienda que garantice la vivienda y pare los desahucios
La cuestión del acceso a la vivienda es una de las necesidades, por su importancia y complejidad, que más preocupan, actualmente, al conjunto de las clases trabajadoras y populares.
Los datos sobre la problemática habitacional nos muestran un escenario en el que la vivienda, lejos de ser entendida como un auténtico derecho subjetivo, necesario para el ejercicio de otros derechos y para la configuración de una vida digna, se ha constituido como un bien de mercado, objeto de especulación en manos de grandes tenedores.
Este derecho se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en la Carta Social Europa y en la propia Constitución Española. Además, no podemos olvidar que el derecho a la vivienda es condición necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales que se configuran en nuestro ordenamiento jurídico: el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho de acceso a los suministros básicos o incluso el derecho a la igualdad.
Sin embargo nos encontramos con que el derecho a la vivienda es papel mojado para la clase obrera, porque colisiona con el único derecho sagrado en las sociedades capitalistas: la propiedad privada, Mientras no se rompa con esta lógica, el derecho a la vivienda digna no estará garantizado.
Actualmente, los esfuerzos económicos de las familias para hacer frente al pago de sus hipotecas son cada vez mayores. A lo anterior se une el hecho de que el alquiler no se configura como una alternativa real, ya que los precios no dejan de aumentar. Esto implica enormes esfuerzos en el pago de la renta teniendo en cuenta los bajos salarios.
Ante esta situación, plataformas de afectados por la hipoteca, junto con sindicatos de inquilinos, elaboraron una propuesta de ley estatal de vivienda para garantizar el cumplimiento efectivo de este derecho. Esta propuesta iba más allá de medidas coyunturales como las que se están adoptando en la actualidad, pretendía significar un antes y un después en la garantía de este derecho.
A finales de de 2021, Unidas Podemos y el PSOE sellaron un acuerdo, ratificado en el Consejo de Ministros, para la elaboración de una nueva ley de vivienda. Este acuerdo, anunciado a bombo y platillo, se decía que iba a permitir avanzar en el derecho a la vivienda y poner coto a la especulación inmobiliaria. Sin embargo, en él se dejaban atrás reivindicaciones incluidas en la propuesta de las PAHs, propuestas que inicialmente Unidas Podemos sí había apoyado, pero que luego quedaron fuera del acuerdo del Consejo de Ministros.
Un año después de este anuncio, la ley sigue sin aprobarse. La propuesta legislativa carece de los apoyos suficientes para salir adelante. El PSOE se ha convertido en el principal obstáculo para incluir las reivindicaciones mínimas exigidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los Sindicatos de Inquilinos
Formaciones políticas que habían apoyado la propuesta inicial de las PAHs se negaron a aprobar esta iniciativa descafeinada, iniciativa que se llevó al Congreso desde el Consejo de Ministros, y que tan alejada está de las reivindicaciones de los movimientos de vivienda.
Cualquier ley estatal de vivienda, que aspire a garantizar este derecho, tiene que incluir estas tres medidas que consideramos irrenunciables:
Paralización de los desahucios a las familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta alternativa debe ser garantizada por las Administraciones Públicas. No puede consistir en alojar y separar a las familias en albergues. Así, se plantea la obligatoriedad, para los grandes tenedores de vivienda, de ofrecer alquileres sociales antes de iniciar los procedimientos de desahucio. Se trata de avanzar en la desmercantilización de este derecho.
Control real y efectivo de los precios de los alquileres, incluyendo a grandes y a pequeños tenedores. Esta medida, en un marco con tasas de inflación elevadas y con las actualizaciones marcadas en los contratos sobre la base del IPC, se hace más necesaria que nunca. No debe tener un carácter coyuntural, como el de la actual limitación, que es temporal, a la subida del 2% de los alquileres
Existencia de un parque público de vivienda. Para la creación del mismo, es necesario que las viviendas que se encuentran bajo el control de la Sareb sean puestas a disposición de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas
Por todo esto queremos señalar que la aprobación de esta ley no puede ser una nueva oportunidad perdida. Tiene que servir para actuar realmente para garantizar este derecho, enfrentando los intereses de aquellos que utilizan la cuestión del acceso a la vivienda como un medio más para especular y enriquecerse.
La aprobación de esta ley tiene que ser una prioridad para las formaciones políticas que se encuentran, en la actualidad, en el Congreso de los Diputados. Es urgente la aprobación de una ley estatal de vivienda que incluya, al menos, estas tres medidas para garantizar este derecho
Queremos denunciar que el Partido Socialista Obrero Español es el principal obstáculo para que se apruebe la ley estatal de vivienda que incluya estas medidas. Frente a los rentistas, el capital financiero encarnado en la banca, los grandes fondos de inversión y los fondos buitres, el PSOE ha decidido tomar partido por ellos en detrimento del conjunto de la clase obrera, que solo puede cubrir la necesidad de acceso a la vivienda a través del mercado