Miles de familias en peligro ante el fin de la moratoria antidesahucios
Desde Stop Desahucios Granada 15M denunciamos la grave situación que se ha generado tras el rechazo a la ampliación de la moratoria antidesahucios. Esta herramienta, aunque limitada, ha sido fundamental para proteger a miles de familias en situaciones de extrema vulnerabilidad, evitando que se vieran en la calle. Sin embargo, la negativa del PP, Junts y Vox a apoyar el decreto donde se planteaba la prórroga hasta el 31 diciembre de 2025 ha provocado que esta medida expire, dejando a miles de familias desprotegidas frente a un sistema judicial que ya está reactivando procedimientos de desahucio.
Como prueba recogemos aquí el texto enviado desde un juzgado de Granada en relación a la paralización de un desahucio de una familia monomarental compuesta por una madre y dos niñas con discapacidad. En dicho texto se comunica la negativa a paralizar el desahucio, señalando lo siguiente:
La medida interesada fue objeto de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 por el artículo 90 del RD-Ley 9/2024 de 23 de diciembre. Dicho Decreto, sin embargo, ha quedado derogado en el día de hoy, según la primera de las medidas urgentes publicadas en el BOE de 23 de enero de 2025, que es del tenor siguiente “Resolución de 22 de enero de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó derogar el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 309, de 24 de diciembre de 2024 y corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado» número 19, de 22 de enero de 2025”
Y sigue
En consecuencia la solicitud formulada ha dejado de tener base legal al quedar ésta sin efecto y haber finalizado el plazo anterior de prórroga que era hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que procede continuar con el lanzamiento acordado de lo cual se informará a Servicios Sociales para que adopten las medidas que estén en su mano.

El impacto de esta decisión
La moratoria antidesahucios no era solo un decreto técnico, sino un salvavidas para miles de personas que, por causas ajenas a su voluntad, viven en una situación económica insostenible. Con su derogación:
- Miles de procedimientos judiciales detenidos se están reactivando: Los jueces han comenzado a rechazar solicitudes de paralización de desahucios basándose en que la moratoria ya no está vigente.
- El derecho a la vivienda vuelve a quedar en entredicho: En un contexto de salarios insuficientes y precios disparados para el acceso a la vivienda con el encarecimiento de la vida, la pérdida de la moratoria supone una amenaza directa para las personas más vulnerables.
- Las familias más afectadas serán las que menos recursos tienen para defenderse: Madres solteras, personas mayores, familias con menores y trabajadores precarios quedan desamparados frente a bancos y fondos buitre que buscan recuperar viviendas para especular con ellas.
Responsabilidades políticas
El rechazo a la ampliación de la moratoria muestra a las claras los verdaderos intereses que estas formaciones políticas defienden. PP, Junts y Vox han priorizado los intereses del mercado y las grandes corporaciones frente a los derechos básicos de las personas. Porque lo que se esconde detrás de la caída de esta medida son consecuencias terribles para las familias más vulnerables a las que se olvida bajo el supuesto peligro de la «inquiokupación»
Por eso nos parece fundamental señalar cuestiones sobre las que hay que exigir respuestas a estas organizaciones políticas. Nos preguntamos:
- ¿Qué solución ofrecen para las familias que quedarán en la calle en las próximas semanas?
- ¿Dónde queda el compromiso con el derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española y en los tratados internacionales firmados por España?
- ¿Cómo justifican que, en lugar de buscar alternativas para garantizar una vivienda digna, permitan que el problema de los desahucios vuelva a desbordar a las familias, a los servicios sociales y a los colectivos que luchan por garantizar derechos básicos?
Sin embargo este hecho no nos puede hacer obviar la responsabilidad del gobierno de PSOE-Sumar. Han desoído todos los llamamientos que les hemos realizado para que las medidas del escudo social tuvieran un carácter estructural. Medidas que tenían que haberse incluido en la ley de vivienda obligando por ejemplo a la concesión de alquileres sociales previos al desahucios. La PAH ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional contra la ley de vivienda de Cataluña que sí garantizaba los alquileres sociales se basaba en un tema competencial y que se pasaba la pelota al nivel estatal.
Nos hacemos eco del comunicado de la PAH
Nos unimos a las voces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ya ha emitido un contundente comunicado denunciando esta situación y llamando a la acción ciudadana para frenar esta injusticia. Puedes leer su comunicado completo en el siguiente enlace:
➡️ Comunicado de la PAH sobre el fin de la moratoria antidesahucios
La PAH, al igual que Stop Desahucios Granada 15M, ha señalado la urgencia de mantener medidas de protección social que garanticen la vivienda como un derecho y no como un privilegio.
Un llamamiento a la movilización y la solidaridad
Desde Stop Desahucios Granada 15M no nos quedaremos de brazos cruzados. Vamos a continuar luchando para defender a las familias afectadas y exigir medidas que garanticen el derecho a la vivienda. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a los movimientos sociales, a los sindicatos y a las plataformas de lucha por la vivienda para que se sumen a las movilizaciones.
Es hora de decir alto y claro: ninguna familia sin hogar, ningún hogar sin derechos.