El precio de la energía en el Estado español es un 30% más caro que la media de la UE, mientras que se doblan los beneficios de las compañías.
19 de noviembre.- El Estado español incumple reiteradamente los acuerdos de la Asamblea General de Naciones Unidas [1] donde se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, de este precepto se desprende el derecho universal a una vivienda digna con acceso a los servicios básicos de luz, agua y gas.
La pobreza energética, o la incapacidad de hacer frente al pago de un consumo mínimo de luz, agua y gas para vivir con dignidad, afecta ya a 7 millones de personas. Es sin lugar a duda, un problema estructural y supone una violación sistemática de los Derechos Humanos.
Según los cálculos actualizados de la tasa de mortalidad adicional de invierno para el periodo 1997-2012, la pobreza energética podría estar detrás de entre 2.400 y 9.600 muertes prematuras al año en España. En comparación, la cifra de víctimas en accidentes de tráfico en carretera, una problemática mucho más reconocida por las administraciones y la sociedad en su conjunto, se situaba en 2012 en 1.129 muertes.
Las causas de la pobreza energética están relacionadas con el aumento de los precios de la energía y el agua, la reducción de las rentas familiares y una baja calidad del parque de viviendas. Los precios de la energía y el agua han subido, desde 2007, más del 60%, por el contrario, sólo en el periodo 2007-2011 el ingreso anual del 10% de la población más pobre retrocedía un 42,4% (pasó de 4.664 euros por persona a 2.685 euros en 2011). Estas tarifas son un 30% más elevadas que la media europea y nada tienen que ver con los coses reales del servicio, incluyendo por ejemplo en el recibo los 1.350 M€ de deuda del proyecto negligente Castor, almacenamiento submarino de gas natural, que provocó más de 400 terremotos. Estas subidas sucesivas de la luz registradas en España han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a las compañías eléctricas desde que se inició la crisis económica, sólo Endesa ha repartido 14.600 M€ en dividendos extraordinarios en 2014. Estas mismas empresas duplican los beneficios de sus homologas europeas, mientras ordenan más de 2 millones de cortes de suministro al año.
Ante esta situación, el Gobierno no sólo no está impulsando ninguna medida efectiva para revertir la, sino por lo contrario, es cómplice de la oligarquía que a día de hoy gestiona los suministros básicos a la población.
Hoy en varias ciudades del Estado estamos llevando a cabo acciones para denunciar y visibilizar la situación de aumento de la pobreza energética ante la actitud pasiva de las administraciones y las empresas suministradoras que mercantilizan los Derechos Humanos. Con el objetivo principal de erradicar la pobreza energética, exigimos:
- Garantizar el acceso universal a los servicios básicos para vivir con dignidad.
- Evitar los cortes indiscriminados de suministros, exigiendo a la administración que cumpla con su papel de mediadora con las empresas suministradoras.
- Que las empresas suministradoras se hagan cargo de los recibos y las facturas impagadas
- Que se realice una auditoria pública de los costes del servicio y el déficit tarifario para depurar responsabilidades, reducir costes y el no pago de la deuda ilegítima asociada, reduciendo así la tarifa
- Transparencia en los cortes, información pública detallada y municipal, recogidas en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Porque una vivienda no es solo un techo bajo el que resguardarse, no pararemos hasta que todos tengan TECHO, AGUA Y LUZ.
[1] Artículo 11.1 de El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966
[…] se incrementó en un 7,6%. Según Eurostat el precio del gas desde 2.007 subió cerca de un 30%. La electricidad, a falta de su actualización en el año 2.014, subió casi un 70%.1 Según la OCU, el precio del […]