Hoy jueves 24, compañeros de Stop Desahucios se han concentrado a las puertas de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, en una nueva acción de protesta ante un caso que se ha convertido en la vivencia de miles de familias y que se repite todos los días.
Una compañera, Aroa, y sus dos hijos menores de edad, de 5 y 9 años, que fueron echados a la calle, sin darle una alternativa habitacional, el pasado 21 de enero. Y esto es intolerable porque Aroa lleva en lista de espera de las viviendas de protección oficial desde 2014 por estar en riesgo de exclusión social.
La historia que se repite
Hay que recordar que a lo largo de estos años, y desde que comenzó la crisis, estudios de diferentes organizaciones, de carácter muy variado, y organismos internacionales señalan que en nuestro país hay un problema de magnitudes gigantescas en el acceso de la población al derecho a la vivienda.
Y de esta dificultad, para hacer valer este derecho, se generan infinidad de problemas, generando una desigualdad creciente sin que hasta ahora, las opciones políticas que han gobernado hayan sido capaces de dar soluciones reales y efectivas.
Y esto es intolerable porque la vivienda, como se ha coreado hoy, no es un lujo sino que es necesidad: es un lugar fundamental donde se desarrollar la vida digna de las personas, donde los niños tienen que tener un entorno donde vivir y desarrollarse como personas, el lugar incluso que permite hacer uso del derecho al voto. Sin vivienda pues estamos a merced de toda clase de situaciones y abusos.
No nos resignamos
Y frente a esta situación es que hoy, desde Stop Desahucios Granada 15M, se ha insistido en seguir diciendo a la administración de la Junta de Andalucía y a nuestros políticos que se tomen en serio esta cuestión. Porque trabajo, vivienda, educación y sanidad son cuestiones fundamentales que afectan al conjunto de la población y que para miles de familias de clase trabajadora se han convertido en derechos vacíos.
Necesitamos que la vivienda en Granada sea un asunto prioritario. Y no queremos seguir escuchando como las administraciones, como el ayuntamiento echa balones fuera hablando de desarrollos urbanísticos futuros. Queremos que se hable de vivienda pública, que se hable de cubrir las necesidades de las personas que no pueden acceder a una vivienda a través del mercado.
Para conseguir esto tenemos que ser cada vez más porque cada vez la problemática es más complicada: familias que han sufrido un desahucio, un segundo desahucio, que han tenido que ocupar una vivienda, que se inscriben en los registros de demandantes de vivienda pública y que pasan años sin que se le den soluciones.
Porque la vivienda no es un lujo sino que es un derecho reconocido en el texto constitucional (artículo 47), en el estatuto de autonomía (artículo 25), en la carta de los derechos humanos (también en su artículo 25).
Basta ya. Necesitamos una solución para cientos, miles de de familias.
Y no vamos a parar hasta conseguirlo.
Porque la lucha es el único camino.