¿Qué pasaría si cuando llegas a casa con tus hijos que acaban de salir de la escuela te das cuenta de que te han cortado la luz y el agua?
Pues esto es lo que les ocurrió ayer a Marta y a sus tres hijos, que en plena pandemia y aún con los fríos del invierno. La empresa Emasagra y la empresa Endesa le cortaron los suministros básicos.
Mientras las administraciones públicas, conocedoras de la situación precaria de Marta y de estos menores, mira para otro lado.
A continuación, os dejamos el comunicado de Stop Desahucios Granada 15M donde se denuncia esta situación y se exige una intervención urgente para que esta familia puedan tener los suministros básicos ya.
Comunicado Stop Desahucios Granada 15M
Desde la plataforma Stop Desahucios Granada 15M queremos efectuar una denuncia pública ante la situación de vulnerabilidad y pobreza energética que están sufriendo multitud de familias en la provincia de Granada.
Entre estas familias que sufren cortes en los suministros básicos, se encuentra la de nuestra compañera Marta, unidad familiar monoparental integrada por tres menores de edad, de 12 años, 9 años y de 6 años respectivamente, que residen en el pueblo de Churriana de la Vega.
Mientras el precio de la luz se dispara hasta en 475 euros extras, experimentando subidas históricas, las empresas privadas que monopolizan la gestión de los suministros básicos se permiten la desvergüenza de cortar la luz y el agua a las familias trabajadoras. No les importa si es invierno y hace frío. Les da igual que haya menores residiendo en la vivienda. Su beneficio económico criminal se sustenta en las espaldas de las mujeres y hombres trabajadores.
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 define la pobreza energética como la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía
¿Qué tienen que decir las Administraciones Públicas que hoy dejan en una situación de desprotección a esta madre y a sus tres hijos? ¿Qué han hecho en su ámbito de competencias para implementar esta Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética?
El Ayuntamiento de Churriana de la Vega, los Servicios Sociales competentes y la Diputación de Granada eran conocedores de esta situación. Es importante tener en cuenta que el Ayuntamiento de Granada mantiene vigente un consorcio de aguas con el Ayuntamiento de Churriana de la Vega. Con voluntad política, se podrían haber encontrado soluciones.
Todos estaban al tanto de que Marta y sus tres hijos se encuentran en riesgo de exclusión social, al estar inmersos en un proceso de desahucio, en vía civil, que todavía no ha concluido. Pese a esta situación de pobreza habitacional y energética, la Administración Pública, por lo visto, no tiene nada que decir.
No solo no se le ha ofrecido a esta familia una alternativa habitacional asequible para evitar el desahucio. Es que tampoco se le ha permitido regularizar los suministros básicos en esta vivienda en la que residen menores de edad. Así es como el poder político se arrodilla ante el capital, ante quienes acumulan riqueza. Esta es la forma en la que se expulsa a las familias trabajadoras a los márgenes de la sociedad.
Por todas estas razones hoy es más importante que nunca iniciar un proceso de mediación para evitar ocasionar más daños a esta madre y a sus tres hijos.
EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN YA.
Ya es hora de que las Administraciones Públicas empiecen a trabajar. Es necesario que la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada y el Ayuntamiento de Churriana de la Vega intervengan en este proceso de mediación con las entidades Emasagra y Endesa.
¿Cuál es el objetivo? Está claro. Se tienen que regularizar los suministros básicos mientras esta familia siga ostentando la posesión de la vivienda, situación jurídica que se encuentra plenamente amparada, mucho más en un proceso civil, mientras judicialmente no se decrete lo contrario.
