Stop Desahucios Granada 15M y otros colectivos sociales de Granada que realizan actividad en la zona centro, solicitan al Ayuntamiento la cesión de uso temporal de un edificio público
Stop Desahucios Granada 15M, en nombre de diez colectivos sociales, ha presentado una propuesta para la cesión de uso del edificio municipal sito en San Matías 11, así como una reunión con la concejala de Cultura y Patrimonio, María de Leyva Campa, responsable de esta gestión para hacerlo posible.
Es evidente la carencia de locales públicos en el distrito Centro y el extremo se da en el barrio Centro-Sagrario donde ni siquiera hay Centro Cívico.
La creciente despoblación del centro histórico va en consonancia con su turistificación, lo que hace más necesario aún reforzar los espacios públicos, para quienes lo habitamos, trabajamos o transitamos, para no sentirnos completamente desplazados y recuperemos nuestra colaboración y participación en la resolución de múltiples conflictos sociales que vivimos.
La (mal)venta de bienes patrimoniales por parte del Ayuntamiento a manos privadas para cubrir su déficit, no solo no logra su objetivo sino que trasvasa riqueza pública a manos privadas y perdemos lo que es de todos, algo que para nuestro colectivo es especialmente perjudicial porque las propiedades de EMUVISA no se han transformado en viviendas sociales ni los inmuebles municipales en espacios para la satisfacción de necesidades ciudadanas.
Queremos recuperar para uso a tiempo completo este edificio que daría cabida a muchos colectivos sin ánimo de lucro, que realizan una importante labor social y comunitaria, contribuyendo a regenerar el tejido social del centro de Granada, buscando soluciones que lo hagan mejor y más habitable. Teniendo en cuenta que todos tenemos como objetivo facilitar el uso abierto y continuado del espacio, su oportunidad es muy conveniente porque repercutiría sobre el resto de la ciudadanía.
El edificio de San Matías 11, que actualmente sólo tiene cesiones temporales para actividades puntuales, está infrautilizado. La legislación autonómica prevé para estos casos que prime la rentabilidad social, de modo que la Administración Local solo tiene que mostrar su voluntad de aplicarla, permitiendo que los colectivos social que ya realizamos actividades de interés público, social y ciudadano, dejemos de hacerlo en locales prestados y mal habilitados para que podamos desplegar todo nuestro potencial y expandir la utilidad social que venimos demostrando.
