El jueves 28 de abril un numeroso grupo de activistas del grupo Stop Desahucios 15M Granada se ha concentrado en la puerta de la sucursal de la Rural, situada en Gran Vía. El objetivo principal de esta acción era el de exigir a la entidad bancaria Caja Rural la inmediata paralización del desahucio, previsto para el día 24 de mayo, contra la familia de Juan y Magdalena. Posteriormente a la rueda de prensa, ofrecida por el afectado en la plaza de Isabel la Católica, Juan, acompañado por dos representantes de Stop Desahucios, han entrado en la oficina de la Rural para entregar dos escritos: «paralización del desahucio y solicitud de negociación sobre su situación hipotecaria». Se ha producido la curiosa circunstancia de que, mientras se desarrollaba esta acción, en los juzgados de Caleta tenía lugar la «vista previa» sobre una demanda que esta familia ha interpuesto contra esta entidad bancaria por cláusulas abusivas en su hipoteca; más concretamente, por una cláusula suelo. En la vista previa, esta familia ha estado representada por su abogado de oficio Carlos Villanueva.
Este matrimonio granadino, que tenía su residencia habitual -ya pagada- en la calle Ramón y Cajal, deciden montar un restaurante en unos terrenos de su propiedad en el polígono de juncaril. Piden varios préstamos a la Caja Rural y los avalan con una casa que tienen en la playa y con un plan de pensiones. El objetivo fundamental del negocio es proporcionar trabajo a sus tres hijos, ya mayores. Debido a la crisis, varias empresas, próximas al restaurante, cierran y el negocio empieza a ir mal. Ante la dificultad de pagar el préstamo, firman una restructuración de la deuda con la entidad bancaria, que les obliga a avalar con su residencia habitual. Ante el crecimiento desmesurado de la deuda, imposibilitados de pagar los recibos de la hipoteca, pierden las dos viviendas, aunque siguen viviendo en su vivienda habitual junto con dos de sus hijos. La vivienda de la playa, después de salir a subasta, se la adjudicó La Rural en 90.000€ (es una casa y estaba tasada en 160.000€). Esta familia solicita a la entidad un alquiler social -revisable según su evolución económica- que les sirva, además para ir recomprando su vivienda -insistimos en que ya la tenían pagada-. La única oferta recibida del banco ha sido la de un alquiler de 500€ y la posibilidad de recomprar la vivienda en un precio de 160.000€.
Stop Desahucios no está dispuesto a permitir que esta familia se quede en la calle. El derecho a la vivienda es básico y está reconocido en la Constitución.